Dr. Felipe González y González
Presidente del Centro de Estudios
para la Gobernabilidad Institucional (CEGI)
IPADE Business School
Presidente del Centro de Estudios
para la Gobernabilidad Institucional (CEGI)
IPADE Business School
Las grandes reformas
Las grandes reformas son necesarias, están planteadas, pero se espera poco de ellas. Los partidos que las pueden hacer avanzar tienen agendas particulares, que se estructuran en función de los calendarios electorales, y de los intereses y protagonismos subjetivos.
Parece que en México lo “políticamente correcto”, en cuanto en a reformas estructurales se refiere, estriba en no emplearse a fondo. ¿Para qué hacer una reforma que resuelva los problemas, si se pueden hacer las cosas medias? La ventaja de los escalonamientos, el dejar pendientes los asuntos, es que ayuda a reciclar a los políticos.
El establecimiento de bases para el desarrollo en el nuevo contexto del México del siglo XXI, requiere de reformas mayores en educación, política fiscal, laboral, energética y de reforma del Estado. Los elementos básicos de esas reformas están definidos, su necesidad es imperiosa, pero la voluntad política de los legisladores se niega a ir al paso de la historia.
En materia energética se hace sentir la necesidad de una reforma integral, que estructure políticas de largo aliento para asegurar el movimiento y el avance del país. Pero tan sólo el régimen de Pemex y la necesidad de nuevas inversiones de fuentes no gubernamentales que no lesionen el gasto social indispensable para rescatar de la pobreza a millones de mexicanos, crea situaciones conflictivas. Los que quieren revivir el pasado, buscan sacrificar una vez más el bienestar de las mayorías, a la posibilidad de manejar discrecionalmente los recursos que son de la nación y que deben emplearse para beneficio de los ciudadanos.
El resto de la reformas enfrenta el embate de los sectores más reaccionarios del corporativismo fundamentalista que hemos vivido en el siglo pasado. De tal suerte que la profesionalización de la educación, la libertad para desarrollar las propias capacidades en la actividad laboral, o el impulso al desarrollo de iniciativas, innovaciones y generación de nuevos conocimientos y aplicaciones, pueden verse seriamente limitados por los poderes facticos cuya permanencia depende de las amenazas, de la capacidad de presionar y violentar las tendencias del desarrollo para imponer los propios intereses.
Los avances programados
Es indispensable nombrar al Presidente del IFE así como a los Consejeros Ciudadanos. El Legislativo sabe que está aquí en falta, y que el ataque al prestigio de las instituciones, sin olvidar los aspectos positivos de la reforma electoral, es algo a lo que debe poner remedio. Los nombramientos tendrán que hacerse.
Hay prácticamente un consenso entre los partidos políticos en las siguientes reformas o iniciativas:
a) Introducir en el sistema penal los juicios orales, en un lapso de tiempo de alrededor de ocho años.
b) Mejorar la formación de jueces y abogados.
c) Reconocer la obligatoriedad de los tratados internacionales en materia de derechos sociales.
d) Hacer cambios al formato político y protocolario del informe presidencial.
En lo que se refiere a las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, es posible que se aprueben:
a) La “iniciativa preferente” que determinaría un proceso más expedito para dictaminar las iniciativas presidenciales, y que algunos estiman que podría ser de tres meses. Esta medida aliviaría la parálisis del gobierno en turno, y podría servir para dinamizar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
b) El establecimiento de disposiciones para que el Ejecutivo pueda disponer de recursos, en caso de que no se haya llegado a un acuerdo, para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
No parece que haya avances en la figura de un Jefe del Gabinete, ni la reducción y reelección de legisladores. No se esperan grandes avances en la reforma del Estado o del gobierno, pues sigue privando la mentalidad de corto plazo. Los partidos de la revolución no quieren terminar con sus privilegios.
Otras iniciativas de los partidos
El PAN añadirá a las ya anunciadas reformas energética, laboral y del Estado, la reforma educativa que modernice la estructura de la enseñanza en el país.
Pretende también reformar, adicionar o actualizar la Ley de Crédito y Ahorro Popular para que se regule y supervise a las más de 4,000 cajas de ahorro, de las que muy pocas cumplen las disposiciones vigentes, y la Ley de Sociedad Cooperativas para impulsar esta figura.
Impulsará también, la reforma al artículo 88 de la Constitución, para que el presidente no tenga que pedir permiso en viajes al extranjero, de no más de siete días. Propondrá la reforma a la Ley de Celebración de Tratados Internacionales, a fin de que el Senado tenga las facultades para conocer al detalle los tratados que firma el país. Se estudiará la transformación de la Secretaría de Seguridad Pública en Secretaría del Interior a fin hacerla responsable de la política criminal y de la coordinación de la policía federal.
El PRI quiere la paternidad de la Ley de Medios, y la diversificación de las opciones electrónicas. Buscará la reforma a la Ley General de Salud para hacer frente a los productos para la salud “considerados como ‘milagrosos’ o chatarra”. Y exigirá la reducción de las pensiones a los expresidentes, con lo que se podrían ahorrar 200 millones de pesos anuales.
También impulsará cambios en la manera de designar a los funcionarios del Gabinete. Que el Senado ratifique el nombramiento de los Secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Algunas modificaciones en materia laboral, haciendo reformas a la Ley Federal del Trabajo. Para formular un plan hidrológico que impida desastres como el de Tabasco, se tratará de reformar la Ley Nacional de Agua y la Ley de Desarrollo Sustentable.
El PRD tratará de buscar un acercamiento con el sector privado. Alentará la reforma a la Ley de Adquisiciones, de forma tal que favorezca a la industria nacional, y mejore su competitividad. Fomentara iniciativas para impulsar una política industrial por sector, región y tamaño de las empresas. Estará de acuerdo en avalar una reforma para establecer presupuestos multianuales, tanto en las compras del gobierno como en el desarrollo tecnológico, así como para perfeccionar las leyes orgánicas de Banobras, Nafinsa y Financiera Rural para poder resucitar la banca de desarrollo.
El PRD, muy probablemente apoyado por el PRI, impulsará la creación de un Consejo Económico y Social que ciudadanice las políticas en ambas materias. Se promoverán también reformas a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Ley de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) para reforzar sus atribuciones y dar efectos vinculatorios a sus resoluciones. Y se propondrá la reforma del artículo 117 constitucional a fin de que se permita la asociación de dos o más entidades para impulsar proyectos de alcance regional.
Por encima de lo abultada que parezca la agenda legislativa, habría que pedir a los partidos políticos y a los propios legisladores, que tomen medidas para hacer más productivo el trabajo legislativo. Para evitar la parálisis del Congreso, haya que ampliar los períodos de sesiones, incentivar el estudio a conciencia de las iniciativas, y lograr la aprobación de leyes que posibiliten, incentiven y garanticen el trabajo de la sociedad, y su contribución a la solución de los problemas nacionales.
Las grandes reformas son necesarias, están planteadas, pero se espera poco de ellas. Los partidos que las pueden hacer avanzar tienen agendas particulares, que se estructuran en función de los calendarios electorales, y de los intereses y protagonismos subjetivos.
Parece que en México lo “políticamente correcto”, en cuanto en a reformas estructurales se refiere, estriba en no emplearse a fondo. ¿Para qué hacer una reforma que resuelva los problemas, si se pueden hacer las cosas medias? La ventaja de los escalonamientos, el dejar pendientes los asuntos, es que ayuda a reciclar a los políticos.
El establecimiento de bases para el desarrollo en el nuevo contexto del México del siglo XXI, requiere de reformas mayores en educación, política fiscal, laboral, energética y de reforma del Estado. Los elementos básicos de esas reformas están definidos, su necesidad es imperiosa, pero la voluntad política de los legisladores se niega a ir al paso de la historia.
En materia energética se hace sentir la necesidad de una reforma integral, que estructure políticas de largo aliento para asegurar el movimiento y el avance del país. Pero tan sólo el régimen de Pemex y la necesidad de nuevas inversiones de fuentes no gubernamentales que no lesionen el gasto social indispensable para rescatar de la pobreza a millones de mexicanos, crea situaciones conflictivas. Los que quieren revivir el pasado, buscan sacrificar una vez más el bienestar de las mayorías, a la posibilidad de manejar discrecionalmente los recursos que son de la nación y que deben emplearse para beneficio de los ciudadanos.
El resto de la reformas enfrenta el embate de los sectores más reaccionarios del corporativismo fundamentalista que hemos vivido en el siglo pasado. De tal suerte que la profesionalización de la educación, la libertad para desarrollar las propias capacidades en la actividad laboral, o el impulso al desarrollo de iniciativas, innovaciones y generación de nuevos conocimientos y aplicaciones, pueden verse seriamente limitados por los poderes facticos cuya permanencia depende de las amenazas, de la capacidad de presionar y violentar las tendencias del desarrollo para imponer los propios intereses.
Los avances programados
Es indispensable nombrar al Presidente del IFE así como a los Consejeros Ciudadanos. El Legislativo sabe que está aquí en falta, y que el ataque al prestigio de las instituciones, sin olvidar los aspectos positivos de la reforma electoral, es algo a lo que debe poner remedio. Los nombramientos tendrán que hacerse.
Hay prácticamente un consenso entre los partidos políticos en las siguientes reformas o iniciativas:
a) Introducir en el sistema penal los juicios orales, en un lapso de tiempo de alrededor de ocho años.
b) Mejorar la formación de jueces y abogados.
c) Reconocer la obligatoriedad de los tratados internacionales en materia de derechos sociales.
d) Hacer cambios al formato político y protocolario del informe presidencial.
En lo que se refiere a las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, es posible que se aprueben:
a) La “iniciativa preferente” que determinaría un proceso más expedito para dictaminar las iniciativas presidenciales, y que algunos estiman que podría ser de tres meses. Esta medida aliviaría la parálisis del gobierno en turno, y podría servir para dinamizar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
b) El establecimiento de disposiciones para que el Ejecutivo pueda disponer de recursos, en caso de que no se haya llegado a un acuerdo, para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
No parece que haya avances en la figura de un Jefe del Gabinete, ni la reducción y reelección de legisladores. No se esperan grandes avances en la reforma del Estado o del gobierno, pues sigue privando la mentalidad de corto plazo. Los partidos de la revolución no quieren terminar con sus privilegios.
Otras iniciativas de los partidos
El PAN añadirá a las ya anunciadas reformas energética, laboral y del Estado, la reforma educativa que modernice la estructura de la enseñanza en el país.
Pretende también reformar, adicionar o actualizar la Ley de Crédito y Ahorro Popular para que se regule y supervise a las más de 4,000 cajas de ahorro, de las que muy pocas cumplen las disposiciones vigentes, y la Ley de Sociedad Cooperativas para impulsar esta figura.
Impulsará también, la reforma al artículo 88 de la Constitución, para que el presidente no tenga que pedir permiso en viajes al extranjero, de no más de siete días. Propondrá la reforma a la Ley de Celebración de Tratados Internacionales, a fin de que el Senado tenga las facultades para conocer al detalle los tratados que firma el país. Se estudiará la transformación de la Secretaría de Seguridad Pública en Secretaría del Interior a fin hacerla responsable de la política criminal y de la coordinación de la policía federal.
El PRI quiere la paternidad de la Ley de Medios, y la diversificación de las opciones electrónicas. Buscará la reforma a la Ley General de Salud para hacer frente a los productos para la salud “considerados como ‘milagrosos’ o chatarra”. Y exigirá la reducción de las pensiones a los expresidentes, con lo que se podrían ahorrar 200 millones de pesos anuales.
También impulsará cambios en la manera de designar a los funcionarios del Gabinete. Que el Senado ratifique el nombramiento de los Secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Algunas modificaciones en materia laboral, haciendo reformas a la Ley Federal del Trabajo. Para formular un plan hidrológico que impida desastres como el de Tabasco, se tratará de reformar la Ley Nacional de Agua y la Ley de Desarrollo Sustentable.
El PRD tratará de buscar un acercamiento con el sector privado. Alentará la reforma a la Ley de Adquisiciones, de forma tal que favorezca a la industria nacional, y mejore su competitividad. Fomentara iniciativas para impulsar una política industrial por sector, región y tamaño de las empresas. Estará de acuerdo en avalar una reforma para establecer presupuestos multianuales, tanto en las compras del gobierno como en el desarrollo tecnológico, así como para perfeccionar las leyes orgánicas de Banobras, Nafinsa y Financiera Rural para poder resucitar la banca de desarrollo.
El PRD, muy probablemente apoyado por el PRI, impulsará la creación de un Consejo Económico y Social que ciudadanice las políticas en ambas materias. Se promoverán también reformas a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Ley de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) para reforzar sus atribuciones y dar efectos vinculatorios a sus resoluciones. Y se propondrá la reforma del artículo 117 constitucional a fin de que se permita la asociación de dos o más entidades para impulsar proyectos de alcance regional.
Por encima de lo abultada que parezca la agenda legislativa, habría que pedir a los partidos políticos y a los propios legisladores, que tomen medidas para hacer más productivo el trabajo legislativo. Para evitar la parálisis del Congreso, haya que ampliar los períodos de sesiones, incentivar el estudio a conciencia de las iniciativas, y lograr la aprobación de leyes que posibiliten, incentiven y garanticen el trabajo de la sociedad, y su contribución a la solución de los problemas nacionales.
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